El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el estudio: "Garantizando la Seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) en el contexto del Covid-19: Retos e Intervenciones" por los autores Lina Salazar y Gonzalo Muñoz.
La seguridad alimentaria hace referencia a “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2006).
El COVID-19 puede afectar la seguridad alimentaria en todas sus dimensiones: (i) la disponibilidad de alimentos (oferta de alimentos a nivel nacional o local, a través de la producción agrícola del país o del intercambio comercial); (ii) el acceso a los alimentos (disponibilidad de recursos, financieros y ísicos, de los hogares para adquirir una cantidad adecuada de alimentos); (iii) la utilización de los alimentos (calidad de la dieta para alcanzar un estado nutricional adecuado); (iv) la estabilidad de los alimentos (capacidad de mantener un acceso constante a los alimentos). Estas dimensiones representan los pilares que componen el sistema agroalimentario y que incluye todos los eslabones de la cadena de suministro proveedores de insumos, productores, transportistas y comercializadores.
De hecho, mientras en el año 2014 el hambre afectaba a 38,5 millones de personas en la región, esta cifra superó los 42 millones de personas en 2018 (FAO, OPS, PMA y UNICEF, 2019). Esto indica que aproximadamente el 10% de la población en ALC se encuentra en estado de desnutrición, lo cual conllevó a Naciones Unidas a calcular un salto importante en el índice de inseguridad alimentaria grave que pasó de 7,6% de la población en 2016, a 9,8 % de la población en 2017 (FAO, OPS PMA y UNICEF, 2019). Se estima que la pandemia del COVID-19 agravaría esta situación en ALC, mientras que la ONU prevé que se duplique el número de personas en estado de inseguridad alimentaria severa a nivel mundial.
En zonas rurales la situación es altamente preocupante ya que en América Latina existen unos 54 millones de trabajadores rurales caracterizados por una alta informalidad (76,8%) y vulnerabilidad (OIT, 2020)
Las acciones para superar esta crisis necesitamos tener como objetivo identificado la seguridad alimentaria de los hogares en ALC, mantener la disponibilidad, el acceso, la estabilidad y la utilización de los alimentos a través de acciones que apoyen el consumo, la producción, la distribución, y el comercio de los alimentos. Resulta urgente tomar medidas preventivas que eviten un desabastecimiento y amenacen la seguridad alimentaria por la implementación de medidas comerciales restrictivas.
Acceso. En ALC, la primera afectación del COVID-19 en la seguridad alimentaria se generó por un shock negativo en la demanda de alimentos. El confinamiento impuesto durante la fase de contención restringido el movimiento de personas que se vieron impedidas para trabajar y, por ende, sufrió una reducción de sus ingresos, afectando sensiblemente su capacidad para adquirir alimentos. Estudios recientes relacionados con las estrategias de contención del COVID-19 han provocado que los hogares de menores ingresos reduzcan su consumo de alimentos, experimenten hambre y, además, cambien sus dietas hacia alimentos menos saludables.
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